España no tiene ministro del Interior, tiene un problema.

Desde su desembarco en el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska viene acaparando el foco de la crítica política por confundir su cargo al frente de un organismo público, consiguientemente al servicio del pueblo español y no de facción política alguna, con el de abogado defensor del PSOE y de todos los enemigos de España

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Efrén Díaz Casal

Coronel de Infantería (R)

 

 

Desde su desembarco en el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska viene acaparando el foco de la crítica política por confundir su cargo al frente de un organismo público, consiguientemente al servicio del pueblo español y no de facción política alguna, con el de abogado defensor del PSOE y de todos los enemigos de España como lo demuestran los hechos que se expresan  a continuación, lista en la que no figuran la totalidad de despropósitos cometidos por este individuo para no agotar al lector con una lista interminable.

En vísperas de las elecciones autonómicas madrileñas del pasado 4 de mayo, las cartas con balas y amenazas, la primera de ellas dirigida a Pablo Iglesias y las siguientes al propio Marlaska, a la ministra Reyes Maroto que recibió un cuchillo ensangrentado, y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, cuyos remitentes ni están ni Marlaska les espera a excepción del remitente de la carta a la ministra Reyes Maroto diagnosticado de esquizofrenia, dan la medida de la calidad moral del sujeto en cuestión.

Una de las consecuencias de la política pactada del PSOE con EH Bildu a cambio de su apoyo parlamentario, que el infrascrito está cumpliendo con verdadero deleite, ha sido el acercamiento de numerosos etarras a prisiones del País Vasco o próximas a esta región, al tiempo que ha autorizado más de 140 beneficios penitenciarios a presos etarras contra el criterio de las juntas de tratamiento de las prisiones así como homenajes públicos a terroristas etarras humillando a sus víctimas.

Al inicio de la campaña de las elecciones autonómicas madrileñas del pasado 4 de mayo, en un acto en Vallecas se produjo una lluvia de piedras y palos que terminó con 13 heridos entre los militantes y simpatizantes de VOX asistentes al mitin debido a la escasa dotación policial que la Delegación del Gobierno, dependiente del elemento en cuestión, dispuso para mantener el orden a pesar de conocer previamente la violenta actuación que tenían prevista radicales de ultraizquierda.

Entre los detenidos que lideraban las agresiones contra los asistentes al citado mitin figuraban dos escoltas de Pablo Iglesias, entonces candidato de Podemos a los comicios madrileños, de lo que Marlaska tuvo conocimiento desde pocas horas después de los hechos ocultándolo y ordenando ocultar durante toda la campaña hasta después de las elecciones.

Los pasados 17 y 18 de mayo, Ceuta, abandonada por el departamento de Interior en toda clase de medios, y a pesar de que Marlaska estuviese previamente informado sobre el asalto a la frontera decidiendo no reforzarla, estuvo sometida a un asalto de más de 10.000 marroquíes que, según el departamento que el aludido todavía dirige cifra alrededor de 500 pretextando que “los datos no han podido ser actualizados porque se encuentran aún bajo análisis y tratamiento”; esperemos que la correspondiente actualización esté finalizada en el 5º milenio después de Cristo.

Esta invasión estuvo auspiciada por Marruecos en respuesta a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, con identidad falsa a nombre de Mohammed Ben Battouche, con dos causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional, ingresado subrepticiamente en un hospital de Logroño ocultando estos hechos al gobierno marroquí.

Marlaska no solo no evitó el conflicto con Marruecos comunicando su oposición a la acogida de Brahim Ghali a María Aránzazu González Laya, entonces ministra de Asuntos Exteriores, sino que la agravó provocando con su silencio la alianza económica y militar entre Estados Unidos y Marruecos, de la que se derivan para España graves perjuicios estratégicos, militares y económicos.

Después de que el interfecto echase toda la carne en el asador para tratar de inculpar a los partidos de la oposición de la agresión homófoba del barrio de Malasaña de Madrid, que posteriormente resultó ser falsa según reconoció la propia víctima, Pedro Sánchez convocó y presidió la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio para continuar inculpando a los mismos respaldando por tanto  las declaraciones de Marlaska al respecto que se ha negado a dimitir y dar las explicaciones que pide la oposición al efecto en sede parlamentaria.

Con todo descaro Marlaska ha descargado su responsabilidad manifestando que la policía no le informó oportunamente de las sospechas sobre la falsa agresión de Malasaña, ocultando asimismo que  miembros del PP y VOX han sufrido agresiones por motivaciones ideológicas amparadas por la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, y Sánchez no ha expresado ninguna condena, por lo que la citada comisión parece más apropiada para los dirigentes del PSOE que para quienes éstos intentan inculpar hasta del diluvio universal.

La necia disculpa de Marlaska ha suscitado la indignación entre los agentes de Policía Nacional que le acusan de ensuciar la imagen del Cuerpo y desamparar a las Fuerzas de Seguridad del Estado para justificar su actuación y eludir la asunción de responsabilidades escudándose en la actuación policial para ocultar sus errores en la gestión mediática y política del asunto Malasaña.

El odio evidente del infrascrito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo incrementa con los arbitrarios ceses de distintos mandos de la Guardia Civil, resultando sorprendente la paciencia de varios mandos del Cuerpo soportando estoicamente la bronca de este individuo por no haberle informado con el suficiente adelanto de la acción que miembros del mismo llevaron a cabo en septiembre de 2019 con el resultado de nueve detenciones contra los separatistas Comités de Defensa de la República (CDR) que, además de formar un grupo terrorista, fabricaban explosivos y recababan información para atentar contra destacados miembros de la oposición,.

Desde el 7 de junio de 2018, fecha en la que este fulano tomó posesión del cargo que todavía detenta, le he solicitado reiteradamente que comunique a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que dependen de él, organismos autónomos análogos vascos, navarros y catalanes, ayuntamientos y Conferencia Episcopal Española, que tramiten los actos religiosos en la vía pública según lo establecido por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

El silencio que ha aplicado a su respuesta viene provocando que el ministro del Interior que España todavía aguanta y las entidades gubernativas aludidas en el párrafo anterior, vengan conculcando y permitiendo reiteradamente la vulneración de la citada Ley Orgánica 9/1983 por parte del resto de entidades, incumpliendo sus respectivas funciones asignadas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, convirtiendo España en un país sin ley.

Los hechos expuestos dan testimonio del vacío moral, disparates y sectarismo de su autor, constituyendo una prueba fehaciente de que España no tiene Ministro del Interior, tiene un problema que debe erradicar de inmediato para evitar que, con el respaldo del doctor antes  “Cum Fraude”, ahora “Cum Gafe” por atraer todos los desastres  que se presentan, cause otros problemas de mayor trascendencia y difícil solución.

 

 

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