AyL Redacción
Agencias
Con 10 acusados, el juicio sobre las finanzas del Vaticano podría ser mejor manejado como tres juicios diferentes. Sin embargo, hay un hilo conductor: el rol de la Secretaría de Estado, el dicasterio más poderoso del Vaticano.
Las tres últimas audiencias del juicio tuvieron lugar la semana pasada. Los días 18 y 19 de mayo el cardenal Angelo Becciu respondió a las preguntas del promotor de justicia del Vaticano (fiscal), de las partes civiles y de otros abogados.
Durante el largo interrogatorio, en el que no faltaron momentos de tensión, Becciu subrayó en un momento dado que “duda mucho de que el auditor general [del Vaticano] pudiera conocer las cuentas de la oficina [de la Secretaría de Estado]”.
Cabe recordar que el juicio tiene su origen en un informe del auditor general, responsable de las auditorías financieras de las entidades vaticanas.
Becciu argumentó que el auditor no podía conocer la situación en detalle, porque “la Secretaría de Estado era completamente autónoma desde el punto de vista financiero”.
“Para violar su autonomía, era necesario un mandato específico del Papa”, dijo Becciu, “pero eso nunca ocurrió. De hecho, en 2016, hubo un rescripto que nos entregó el cardenal Parolin que reafirmaba esta autonomía”.
El año 2016 fue crítico. Hubo tensiones crecientes entre la Secretaría de Estado y la Secretaría para la Economía, entonces dirigida por el cardenal George Pell. Un punto importante fue la decisión de la Secretaría para la Economía de firmar un contrato de auditoría con PricewaterhouseCoopers, que permitía a la empresa auditar también las cuentas de la Secretaría de Estado.
La Secretaría de Estado es un órgano de gobierno que goza de especial autonomía financiera y, sobre todo, de confidencialidad en sus estados financieros. Por lo tanto, las tensiones fueron muy altas hasta que la Santa Sede renegoció los términos del contrato de auditoría.
Más tarde, en 2016, Bergoglio emitió el motu proprio I beni temporali (“Los bienes temporales”). Buscaba separar mejor las funciones de supervisión y de administración dentro del Vaticano, eliminando algunas de las responsabilidades de la Secretaría para la Economía y devolviéndolas a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).
“La Secretaría de Estado era un dicasterio, pero un dicasterio sui generis [único]”, explicó Becciu. “Las normas se originaron en él; por lo tanto, no podía someterse a las normas”.
Begoglio puso fin a esta peculiaridad de la Secretaría de Estado en 2020, cuando decidió transferir la responsabilidad de la administración de fondos e inversiones de la Secretaría de Estado a la APSA. Se podría decir que esta medida debilitó al órgano de gobierno.
Pero el órgano de gobierno también tenía una función específica de ayuda a la Curia Romana. Durante los interrogatorios anteriores, Becciu destacó que la colecta anual del Óbolo de San Pedro aportaba unos 50 millones de euros (unos 54 millones de dólares). Pero el déficit de la Santa Sede era mayor. Sugirió que por eso era necesario realizar inversiones para dotar a la Santa Sede de mayor liquidez.
Las inversiones eran supervisadas por la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, la cual había establecido una compleja arquitectura financiera a lo largo de los años, utilizando varias cuentas corrientes, incluso algunas situadas en el extranjero, y buscando siempre inversiones de un tipo determinado.
Este fue también el caso de la inversión en una propiedad de lujo en Londres, en el centro del juicio, que según Becciu fue supervisada por la oficina administrativa. “Si hubo cuestiones críticas y [su adjunto monseñor Alberto] Perlasca no me lo dijo, incurrió en una falta grave”, dijo Becciu.
El Óbolo de San Pedro no fue la única fuente de fondos utilizada para tapar agujeros en el presupuesto del Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión (IOR), comúnmente conocido como el “banco del Vaticano”, hace una donación anual a la Santa Sede. Durante varios años, el cheque del IOR había sido de 50 millones de euros, destinados principalmente a “cubrir los gastos de Radio Vaticana y de las nunciaturas”.
Pero en 2012, cuando el patrimonio del IOR fue de 86,6 millones de euros (unos 93 millones de dólares), las contribuciones empezaron a disminuir en consonancia con la caída de los beneficios, estableciéndose finalmente en unos 30 millones de euros (32 millones de dólares).
La Secretaría de Estado, como órgano central de la Santa Sede, estaba llamada no sólo a gestionarse económicamente y a realizar inversiones, sino también a ayudar a la Santa Sede a sobrevivir financieramente. Pero como demostraron los acontecimientos posteriores, no estaba equipada para esta exigente tarea.
