SIGUENOS EN TELEGRAM
AyL Redacción
Agencias
La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, fue la primera en mostrar su rechazo al pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Hizo pública su asunción plena del documento remitido por las cuatro asociaciones de jueces de España y recuerda que su obediencia se debe a la Constitución. El resto de grandes asociaciones -a excepción de AUGC- no han tardado en sumarse con un documento conjunto en el que señalan su “rechazo a esta medida [el denominado por Sánchez como lawfare] por tratarse de un ataque a la línea de flotación de la independencia judicial, la cual quebranta la Separación de Poderes, el pilar básico de un Estado de Derecho”.
El mensaje de JUCIL fue de rotundo rechazo a la amnistía, a la negociación de la unidad nacional, al ataque a la Constitución y los jueces y al golpe al conjunto de la legalidad. “Sin Separación de Poderes no hay Estado de Derecho”, señaló JUCIL. “Punto dos del Decálogo de la Guardia Civil. Defensa de España y de La Constitución: Mi primer deber es defender España, guardando y haciendo guardar la Constitución y las Leyes. Con lealtad al Rey”, añadió JUCIL.
Acto seguido, la asociación mayoritaria se refirió literalmente al documento firmado por las cuatro asociaciones judiciales existentes en España. Y es que las cuatro se han unido para emitir un comunicado conjunto para denunciar la “intromisión en la independencia judicial y la quiebra de la separación de poderes”, tras conocer el pacto de investidura alcanzado entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. Un acuerdo que incluye la Ley de amnistía sobre el golpe del 1-O.
Ahora, Unión de Oficiales, ASES-GC, AEGC y la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil, junto a JUCIL, han elaborado un comunicado conjunto que representa a la inmensa mayoría de asociaciones de la Benemérita para recordar, en primer lugar, que el Decálogo de la Guardia Civil, en su punto 2 recoge lo siguiente: “Defensa de España y de la Constitución: Mi primer deber es defender a España, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes, con lealtad al Rey”. Y, en segundo lugar, que “tras tener conocimiento del documento suscrito en el día 9 de noviembre de 2023 del acuerdo de la Ley de Amnistía, que contempla la posibilidad de establecer comisiones de investigación por parte del poder político sobre las actuaciones judiciales y por ende de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su calidad de Policía Judicial”, muestran su “rechazo a esta medida por tratarse de un ataque a la línea de flotación de la Independencia Judicial, la cual quebranta la Separación de Poderes, el pilar básico de un Estado de Derecho”.
Los guardias civiles añaden que sienten estar “siendo utilizados como moneda de
cambio en las negociaciones para formar Gobierno y esto tendrá graves
consecuencias permanentes para la seguridad de los ciudadanos”. “La Guardia Civil ya perdía influencia y ahora se pretende que pierda competencias y se expulse a los guardias civiles y sus familias del País Vasco y Cataluña, cuestión que desde las asociaciones representativas de la Guardia Civil no estamos dispuestos a tolerar”, explica el documento. “Queremos expresar que habiendo conocido los acuerdos suscritos entre PSOE y las fuerzas independentistas para la investidura, observamos con gran preocupación como en los mismos se pretenden inyectar importantes cantidades económicas a las policías autonómicas, y se somete a la pérdida de competencias de Guardia Civil”, aclaran.
Y cierran el comunicado recordando que, “por lo anteriormente expuesto, en virtud de la Ley de Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Se ejercerá su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
