Detenidos dos trabajadores de una piscina de Valencia (España) por no dejar entrar a una mujer con velo islámico.
De 32 y 50 años, pertenecen al área de seguridad y fueron denunciados por un delito de odio. El Ayuntamiento ha abierto una investigación

AyL Redacción
Agencias
Dos trabajadores de la empresa concesionaria que gestiona la piscina municipal de Benicalap, en Valencia, han sido detenidos por un delito de odio tras la denuncia presentada por una mujer saharaui al impedirle el acceso por llevar velo.
Los detenidos son dos hombres de 32 y 50 años a los que se tomó declaración como presuntos autores de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas y fueron puestos en libertad con la advertencia de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello, según informa la Policía Nacional.
La mujer acudió el pasada semana a la piscina municipal del barrio de Benicalap con una amiga y sus dos hijos de 5 y 8 años. Sin exhibir ropa de baño, le preguntaron si la llevaba y dijo no. Las normas de funcionamiento de las piscinas municipales, que regenta la Fundación Deportiva Municipal a través de concesionarias, impiden el acceso a los recintos sin ropa de baño, por lo que la mujer pidió la hoja de reclamaciones y se marchó.
Días después regreso ya sí con ropa de baño, pero tampoco la dejaron acceder. Según su versión, le preguntaron si se iba a bañar y, al decir que no, le prohibieron el paso. La mujer llamó a la policía y formuló la denuncia que dio origen a las detenciones.
El Ayuntamiento de Valencia, como responsable de la piscina, ha abierto una investigación a la empresa concesionaria Aquaval, “conocer los hechos que se han producido y tomar las medidas oportunas que fuesen necesarias”. Lo harán conjuntamente la FDM y la Oficina de No Discriminación ( ONDIS), creada para esclarecer estos casos.
Por su parte el ex concejal de Deportes, el socialista Javier Mateo, reclamó que la investigación sea “rápida, exhaustiva y completamente transparente” y que en las concesiones de las instalaciones municipales se incluya “un compromiso contra los delitos de odio”.