Denuncian la proliferación incontrolada de cañones sónicos para deshacer tormentas en España
El partido político Compromís alerta del impacto de unas prácticas detectadas en varias provincias que no cuentan con la autorización del Gobierno. Independientemente de que partido haga la pregunta o de que administración responda o deje de responder, lo que es evidente es que esta noticia, que se ha pasado por alto, es de una gravedad extrema: la MANIPULACIÓN CLIMÁTICA YA ES OFICIAL.
AyL Redacción
Agencias
Compromís ha denunciado en el Senado de España la «proliferación incontrolada de cañones sónicos para deshacer tormentas». El senador Carles Mulet, ha solicitado al respecto la comparecencia en la Cámara Alta de las autoridades en materia de Agua ante lo que considera «un incumplimiento flagrante de la normativa en materia de aguas».
Según explica la formación, los requerimientos de información solicitados al Gobierno por Compromís a raíz de las quejas por la presencia de instalaciones para «deshacer tormentas a cañonazos» en el norte de Castellón y sur Tarragona, así como en otras zonas citrícolas de la Ribera, en la provincia de Valencia, «están constatando la ilegalidad de estas prácticas».
En ese sentido, la coalición reclamó conocer si estos cañones sónicos contaban con el visto bueno de la Administración española, las Confederaciones Hidrográficas o el Seprona en estas comarcas y anuncia que ampliará la petición de documentación a otras Administraciones implicadas.
Los cañones empleados para incidir en el ciclo natural de las tormentas funcionan a través de explosiones de gas acetileno y aire. Gracias a este mecanismo se emiten ondas de choque que se desplazan a la velocidad del sonido e interfieren en la cristalización del granizo, dando como resultado una lluvia o granizo blando en lugar de uno macizo que resulta letal para las cosechas.
Compromís ha recibido una respuesta del Gobierno en la que se le informa que «consultados los archivos obrantes en la Confederación Hidrográfica del Júcar correspondientes a los últimos veinte años, periodo de vigencia del actual Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, no consta el otorgamiento de autorización alguna de modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, ni consta la realización de ninguna campaña de esta índole».
El senador Carles Mulet ha denunciado al respecto que «estas prácticas nos parecen muy peligrosas y vemos inconcebible que, ante el revuelo generado, no se estén ya desmantelando las instalaciones y sancionando a sus propietarios y que el Gobierno sea como siempre tan vago en sus respuestas y tan poco efectivo ante unas prácticas que pueden generar efectos indeseados en la dinámica de las tormentas y granizos».
Según lamenta Compromís, «en los últimos meses, en los que han estado funcionando estos cañones, se han producido en la zona norte del país fuertes granizadas como la vivida en Benicarló y fuertes inundaciones en Vinaròs y Alcanar. ¿Podemos garantizar que estos cañonazos de ondas de choque en la estratosfera son inocuos? Entonces ¿para qué se autorizan y de qué garantías o estudios vienen apoyadas?».
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno recuerda que «para poder realizar tales modificaciones es preciso obtener una autorización del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a propuesta del organismo de cuenca correspondiente, y previa constatación de su compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y previos los asesoramientos oportunos; en especial, tras la emisión de los informes preceptivos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y, en su caso, de la Administración Sanitaria competente, cuando se pretenda el uso de productos o formas de energía con propiedades potencialmente adversas para la salud y que dado que se trata de una posibilidad legalmente establecida, por así haberlo dispuesto el poder legislativo del Estado, a día de hoy vigente y de plena aplicación, esta dependerá del caso concreto y de lo que indiquen los informes técnicos y sectoriales que se emitan».
Para el senador Mulet «si la Ley de Aguas prohíbe realizar modificaciones de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, ¿por qué no está ya actuando el Seprona?». En ese sentido, según Compromís, «con objetivos económicos, para evitar desastres o para alterar el clima, proliferan prácticas que muy a menudo no están respaldadas por permisos de la Administración y organismos de cuenca, por lo que podría causar perjuicios a terceras personas y la colectividad».
