Pedro Sánchez cambia a su antojo las leyes de la democracia española: impone un TC por mayoría simple y facilita la corrupción
En un nuevo asalto a las instituciones españolas sin precedentes, toma los útimos organos que le restaban por controlar; y culmina el cambio de las normas básicas del Estado de Derecho con urgencia y sin informes de los órganos consultivos. Si esto no es un golpe de estado, desde luego, es muy parecido.

AyL Redacción
Agencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culminado este viernes el cambio de normas básicas que establecen el funcionamiento del Estado democrático al impulsar la reducción de penas por delitos de corrupción y las leyes que establecen la designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
Además, lo ha hecho mediante enmiendas a una proposición de ley, que en algún caso es totalmente ajena al asunto; obviamente sin informes de órganos consultivos y con extrema celeridad.
También con recelos y sorpresa de dirigentes del propio PSOE, especialmente los que se la juegan en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que temen que puedan pagar el posible rechazo a estas decisiones.
Entre tanto, el partido Vox anuncia una moción de censura contra Pedro Sánchez por su “asalto” al Poder Judicial.
Respecto a la corrupción, Moncloa ha negociado y pactado con ERC una enmienda a la proposición de ley que elimina el delito de sedición, con el fin de favorecer a los implicados y a los condenados por el procés independentista de 2017 en Cataluña.
La enmienda pactada reduce las penas previstas para la malversación sin ánimo de lucro, es decir, para el uso indebido de dinero público sin que el acusado se llevara el dinero a su bolsillo.
El camino que ha emprendido Pedro Sánchez para eliminar el delito de sedición ha dado un giro aún más alarmante que desactiva controles básicos del Estado de Derecho. El PSOE aprovecha la puerta abierta de la modificación del Código Penal para colar una serie de cambios legales -algunos sin relación- que favorecerán que este Gobierno tome el control del Tribunal Constitucional. Y lo hará gracias a supresión de salvaguardas que evitan su intromisión o las cortapisas que ahora introduce para maniatar la capacidad de maniobra que tiene Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a sus magistrados en el tribunal de garantías.
SI esto no es un golpe de estado… desde luego es muy parecido.